El primer frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía tras la rotundísima victoria del PP y Juanma Moreno el 19-J tiene nombre de multinacional. Abengoa, su futuro y el de los 11.000 trabajadores que tiene en nómina la empresa sevillana, es la protagonista (o la excusa) del choque entre ambos ejecutivos después de que la negativa de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a recatarla con un préstamos de 249 millones la haya colocado, literalmente, al borde de la quiebra.
Las dos consultoras contratadas por la SEPI para examinar si Abengoa cumplía los requisitos para acceder al fondo Covid para empresas dieron su bendición, aunque con matices, pero el Gobierno la ha dejado finalmente fuera y ahora trata de culpar de la situación de la ingeniería andaluza al ejecutivo de Juanma Moreno.
Ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha señalado con el dedo a la Junta de Andalucía intentando, así, desviar las críticas que le están lloviendo por la negativa a rescatar a la multinacional desde ámbitos políticos y económicos, además de las iras de los trabajadores, que mantienen una acampada desde hace días ante la sede de la Delegación del Gobierno en la capital andaluza y que amenazan con intensificar las protestas.
Montero ha asegurado este miércoles que Abengoa "podría estar reflotada si la Junta de Andalucía hubiera dado los 20 millones de euros del rescate" que pidió la empresa al gobierno autonómico en 2020 y que éste le denegó porque no tenía "herramientas legales" para dar ayudas directas a empresas.
La ministra defendió, ante las críticas del PP en el Congreso de los Diputados, que las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) "han ido a todas y cada una de las empresas que lo han solicitado y cumplido los trece criterios que marcaba el acuerdo del Consejo de Ministros", obviando que, como ha informado EL MUNDO, las conclusiones de las dos consultoras que asesoraban a la SEPI en el proceso dejaban la puerta abierta a conceder esas ayudas, aunque con matices y condiciones.
Entre las empresas a las que sí se ha rescatado desde el ejecutivo de Sánchez está la cuestionada aerolínea Plus Ultra y, dentro del último paquete aprobado el lunes, Celsa, en el centro de la polémica por la mediación directa de la Generalitat catalana. Asimismo, esta semana, en el último listado de beneficiarias se incluyó a las ingenierías asturianas Isastur e Imasa, la cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta, y las cadenas hoteleras Meeting Point y Blue Sea que sí recibieron la bendición del consejo de ministros en forma de lluvia de millones.
Criterios políticos
Precisamente, las dudas que han despertado casos como el de Plus Ultra o Celsa han servido de argumento al gobierno andaluz para insinuar que han primado criterios políticos a la hora de asignar los fondos y salvar, o sentenciar, a las compañías que han llamado a la puerta de la SEPI.
El consejero de la Presidencia en funciones y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha hablado de distintas "varas de medir" a la hora de otorgar las ayudas y se ha preguntado por qué en otras comunidades autónomas se ha concedido el rescate a sus empresas "y aquí no". Al mismo tiempo, ha calificado como "muy grave" que el Gobierno "encargue informes, que los informes sean favorables y no le den la ayuda".
"Montero ha mentido y no es la primera vez", ha señalado Bendodo en respuesta a las acusaciones de la ministra de ser la responsable la Junta de que Abengoa no haya sido reflotada. El consejero ha puesto en duda que la salvación de la multinacional dependiese de los 20 millones de euros que pidió al ejecutivo autonómico y repitió el argumento esgrimido por la Junta para denegar ese apoyo económico afirmando que "el Gobierno andaluz ha hecho todo lo que estaba en su mano y no tiene herramientas para dar ayudas directas a las empresas, que sí tiene la SEPI".
Con los dos informes de las consultoras a favor del rescate, ha concluido que el ejecutivo central "ha decidido políticamente" no salvar a Abengoa. "Las explicaciones las tiene que dar el Gobierno", ha enfatizado.
Entretanto, la empresa ha dado por finiquitado el último plan al que había confiado la salvación del grupo cancelando la operación de reestructuración y proceso de consentimiento lanzado por Abenewco 1, que concentra la actividad del grupo, a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo de 2022.
Asimismo, ha anunciado que el consejo de administración se reunirá en los próximos días para tomar las "medidas adecuadas con el objetivo de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo".
Conforme a los criterios de