El Tribunal Constitucional (TC) considera que el cierre del Parlamento durante el primer confinamiento vulneró los derechos de los diputados a ejercer su tarea legislativa y de control al Gobierno.
Así lo considera una mayoría de magistrados del TC a la luz de la deliberación desarrollada esta semana sobre el recurso de amparo presentado por los diputados de Vox. El recurso se dirigió contra dos decisiones de la Mesa del Congreso, entonces presidida por la socialista Meritxell Batet. Una, del 19 de marzo de 2020, cerró la actividad de la Cámara, con los votros en contra de PP y Vox; y otra, del 21 de abril, rechazó las alegaciones en contra de la primera decisión.
La propuesta que el ponente del caso, el magistrado Antonio Narváez, llevó al Pleno de esta semana desestimaba el recurso de amparo. Sin embargo, esa postura quedó en minoría frente a la posición de los magistrados del bloque conservador, en el que él se incluye. Finalmente, se acordó que el magistrado elaborara una nueva propuesta de sentencia que recogiera la tesis de la mayoría opuesta al cierre de la Cámara Baja.
La sentencia considerará nulos los dos acuerdos de la Mesa que, según Vox, supusieron "entregar la Cámara al Gobierno y cercenar la posibilidad de ejercer la representación de los españoles y la función de oposición". Los acuerdos paralizaban los plazos de las iniciativas en curso, las preguntas escritas formuladas al Gobierno y la solicitud de informes.
La sentencia, que previsiblemente se votará en el próximo pleno, llega después de que el TC ya corrigiera duramente al Gobierno por imponer restricciones que no eran posibles bajo el estado de alarma. Su intensidad exigía que se emplease la figura del estado de excepción, que como resaltaban los magistrados conllevaba un control del Gobierno más intenso por parte del Congreso.
Esta nueva sentencia se sumará a ese reproche por la falta de control de la cámara Baja durante la primera fase de la pandemia. Además, el Constitucional también tiene previsto declarar contrario a la Carta Magna el segundo confinamiento, de nuevo por eludir el control parlamentario del Gobierno. En este caso, por la prórroga de seis meses del estado de alarma sin que la medida tuviera que ser ratificada periódicamente, así como la delegación en las comunidades autónomas de las de las competencias sobre la restricción de derechos.
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