Apenas siete horas después de su impostada declaración en Aiete, donde el lunes escenificó un «dolor» hipócrita ante el daño causado a las víctimas por 50 años de terrorismo etarra, Otegi se quitaba la careta para hablar «alto y claro» a un reducido grupo de abertzales en Eibar sobre las verdaderas intenciones de sus palabras. «Tenemos a 200 presos en la cárcel, y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos pues los votamos». Como venimos denunciando desde estas páginas, para la izquie
rda independentista vasca los 853 asesinatos y la irreparable quiebra que soportan de por vida sus familiares y allegados no son más que vulgar calderilla con la que mercadear ante un Gobierno débil y sin más ética que la de permanecer en el poder a cualquier precio. Ayer, en el Congreso, Sánchez respondió con un «rotundo no» cuando Casado le preguntó por el infame pacto desvelado por Otegi, pero ni se comprometió a romper el diálogo con Bildu ni su palabra vale ya gran cosa.
Y eso a pesar de que, a los dirigentes de PSOE y Podemos que se precipitaron a
celebrar el fingido acto de contrición
del ex miembro de la banda terrorista, Otegi ha venido a confirmarles no solo que su formación es la albacea de ETA, sino que su principal objetivo -«la madre de todas las batallas», dijo- es sacar de las cárceles a todos sus presos con una «solución integral». Para lo cual necesitan, según detalló, los dos años que restan de legislatura y otros cuatro más de este Gobierno de coalición dirigido por Sánchez. Nada hay de extraño en ello. De momento, y gracias a los desvelos de Marlaska, se ha puesto fin a la dispersión y ningún preso cumple ya su pena en el sur de España. Además, un centenar se encuentra en cárceles del País Vasco, Navarra y las provincias cercanas, y otro centenar ha solicitado el cambio de grado para ser enviado a Euskadi. Para los presos de larga duración, que son los que más preocupan a los abertzales, Otegi confesó que necesitaría que el Gobierno facilitase un cambio legislativo que dejara sin efecto el Código Penal aprobado en 2003 por Aznar. Aquella reforma amplió la privación efectiva de libertad a 40 años para las penas más graves y estableció la condición de haber cumplido al menos la mitad de la condena para acceder al tercer grado. Todos los etarras -unos 60- juzgados después de 2003 tardarán, por tanto, más tiempo en salir de la cárcel, de ahí que Otegi necesite una legislatura más para forzar el cambio de la ley.
El resto lo aportaría el Gobierno del PNV, al que Sánchez cedió el control de las prisiones. En ellas se implantará el «modelo penitenciario vasco», que prima el cumplimiento de las penas en semilibertad. Incluso sin necesidad de sincero arrepentimiento, que implica un perdón individualizado a las víctimas, la reparación del daño, el rechazo a los postulados terroristas y la colaboración para esclarecer los asesinatos pendientes. Algo que, según denuncia la Audiencia Nacional, no cumple casi ninguno de los que dicen estar arrepentidos, que utilizan de manera fraudulenta un modelo de carta estándar para obtener el privilegio carcelario.
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