El Tribunal Supremo da por probada la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, el mayor caso de corrupción de las últimas décadas en nuestro país, y ratifica las condenas a quienes fueran los máximos responsables de la Junta de Andalucía.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, por tres votos frente a dos, la Sala de lo Penal ha confirmado la condena de seis años de prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
La Sala, presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ha decidido adelantar este martes el fallo de una sentencia donde también se confirma la condena por prevaricación del ex presidente andaluz Manuel Chaves, que conlleva inhabilitación para cargo público durante nueve años.
La sentencia, de más de 1000 folios, se dará a conocer en septiembre. En la misma, se confirman en líneas generales el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años en torno a la trama de los ERE.
Además, tras el fallo del Supremo, los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera también irán a la cárcel al ratificarse la resolución de la Audiencia de Sevilla que les impone, al primero, siete años, 11 meses y un día de prisión, y al segundo siete años y un día, además de la pena de inhabilitación. La misma pena deberá cumplir al ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo mientras que un año menos de cárcel ha recibido la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Por su parte, el Alto Tribunal ha confirmado la condena impuesta al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, inhabilitado a nueve años. También ha ratificado la pena que el tribunal sevillano impuso a la ex ministra Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda, a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Votos particulares
Fuentes de la Sala consultadas por este periódico informan de que durante las últimas semanas que han transcurrido las deliberaciones se trató de alcanzar la unanimidad entre los cinco magistrados que componen el tribunal pero finalmente ésta no ha sido posible. Tienen previsto emitir votos particulares las magistradas de sensibilidad progresista Susana Polo y Ana Ferrer. Por su parte, será ponente de la sentencia el magistrado de sensibilidad conservadora Eduardo de Porres.
El punto más controvertido de las intensas deliberaciones ha sido la condena al ex presidente Griñán, quien tras notificarse este martes el fallo del Alto Tribunal, deberá previsiblemente ingresar en la cárcel. Su defensa tiene ahora dos vías para tratar de sortear el ingreso en prisión de su cliente. Para activarlas esperará a conocer la letra pequeña de la resolución que notificará en septiembre el Supremo y que deberá ejecutar la Audiencia de Sevilla al ser el tribunal sentenciador.
Con la sentencia en la mano, el abogado del ex presidente andaluz puede solicitar ahora al Tribunal Constitucionalque paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo pero es altamente improbable que el tribunal de garantías acceda a ello, puesto que la jurisprudencia del TC establece en los cinco años de prisión el umbral para paralizar el ingreso en prisión en estos supuestos.
La segunda vía es el indulto. En este sentido, la sentencia probada por una exigua mayoría y, en consecuencia, los votos particulares a favor de la absolución del ex presidente andaluz del delito de malversación darán oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez para poder indultarlo. No obstante, el Ejecutivo tendrá que asumir el coste de otorgar la medida de gracia al ex dirigente socialista que ha sido condenado en firme por un delito de corrupción. En este sentido, el artículo 4 del Código Penal establece que el juez o tribunal podrá "suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria".
Además, el Supremo ha estimado totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos. De esta forma, el tribunal ha absuelto a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, que ocuparon la Secretaría General Técnica. Fueron condenados a diferentes penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y ahora el Alto Tribunal estima íntegramente sus recursos de casación y los absuelve
Por último, la Sala rebaja la pena a Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo entre 2009 y 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y medio de inhabilitación por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación en concurso ideal. El Supremo aprecia en su caso la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño.
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