España, Portugal y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo para prolongar, hasta diciembre, la llamada 'excepción ibérica' que pone un tope al precio del gas y a cómo éste afecta al precio de la electricidad. La rúbrica estaba pendiente desde la semana pasada, y la intención inicial había sido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo comunicara desde Bruselas durante su participación en el Consejo Europeo del pasado jueves y viernes. Pero la confirmación definitiva desde Bruselas no llegó a tiempo.
Este martes, la vicepresidenta Teresa Ribera, que participa a su vez en una reunión del Consejo de Energía con sus colegas continentales, sí que ha confirmado, la extensión hasta final de año de un mecanismo con el que Moncloa asegura que los consumidores españoles se han ahorrado miles de millones de euros. "Está notificado, está trabajado y cerrado y contamos con el acuerdo y el respaldo de la Comisión Europea. Hoy se llevará al Consejo de Ministros y básicamente tenemos una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores hasta fin de año. Si el gas natural se mantiene a precios actuales probablemente no se active, pero si volviera a subir podríamos mantener el precio de la electricidad a u nivel razonable y no tan vinculado a la evolución del gas", ha dicho la ministra de Transición Ecológica.
España y Portugal llevaban desde enero negociando con la UE. El Gobierno llevará el tema hoy al Consejo de Ministros, y la Comisión lo tiene que aprobar por su parte en el Colegio de Comisarios, un trámite bastante parecido. "La Comisión toma nota de la intención de España y Portugal de adoptar muy pronto legislación que establezca la prórroga de la medida destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la reducción de los costes de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles", responde un portavoz Comunitario. "Esto sigue a debates constructivos, en los que la Comisión y las autoridades españolas y portuguesas han llegado a un entendimiento sobre los parámetros clave de dicha prórroga con el fin de garantizar la compatibilidad con los Tratados de la UE y la legislación pertinente".
En abril del año pasado, Sánchez y Antonio Costa lograron el visto bueno de la Comisión Europea para un instrumento diseñado para reducir el impacto del precio del gas en la generación de electricidad, una herramienta temporada, válida durante 12 meses y que fijaba un precio medio de 50 euros el MWh para el gas y el carbón, si bien arrancó en un principio con una referencia de tan solo 40 euros el MWh. Tras considerar que ha funcionado muy bien, repercutiendo no sólo sobre la generación de energía sino sobre el IPC en general, Madrid y Lisboa solicitaron a Bruselas una prórroga, y hoy el presidente ha anunciado un acuerdo para que siga en vigor hasta diciembre.
Precios algo más elevados
Los umbrales, sin embargo, serían diferentes ahora. Desde los 55 MwH que se reflejan en la actualidad hasta 65 MWh en diciembre, "finalizando con el mismo nivel de precio del gas natural que se hubiese alcanzado en mayo de no haberse llevado a cabo la extensión del mecanismo ibérico". La propia redacción del texto que prepara el Gobierno admite que en el contexto actual el mecanismo no es necesario, pero lo quieren igualmente como protección de cara al próximo invierno, por si la volatilidad regresara con fuerza.
"Si bien no se ha tomado ninguna decisión formal en esta etapa, la Comisión se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades españolas y portuguesas. Los servicios de la Comisión han compartido recientemente su evaluación preliminar. Se espera una notificación formal por parte de las autoridades españolas y portuguesas en breve", señalan en el equipo de Ursula von der Leyen. Al igual que pasa con los fondos Next Generation, los técnicos evaluarán la legislación una vez que se haya aprobado, pero como se ha elaborado de la mano no debería haber problemas, en principio. "El principal objetivo de la Comisión es llegar a una decisión jurídicamente sólida lo antes posible, garantizando al mismo tiempo que la medida protege a los consumidores, tanto hogares como empresas, del impacto de los elevados precios del gas en los precios de la electricidad y no afecta a las condiciones comerciales de forma contraria al interés común", añade un portavoz comunitario.
En enero, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Industria portugués, Duarte Cordeiro, se reunieron con la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia. Margrethe Vestager, para plantear esa extensión y poco después llegó la solicitud formal. De aquel encuentro trascendió que Bruselas era receptiva, no sólo porque el precio de la electricidad en efecto se hubiera controlado, sino porque los informes provisionales mostrarían que la temida posible distorsión del sistema europeo no había sido pronunciada. Pero al mismo tiempo dejó claro que la prórroga sólo podría ser hasta diciembre, pues el Mecanismo Ibérico se aprobó bajo el paraguas del marco temporal de ayudas de Estado, concebido para paliar los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. Y como ese marco expira a finales de este año, cualquier solución ad hoc como la ibérica debe extinguirse también. "La Comisión es muy consciente de las dificultades causadas por la actual crisis energética resultante del ataque injustificado de Rusia contra Ucrania y está dispuesta a evaluar con urgencia la compatibilidad de las medidas de emergencia en este contexto", dice Bruselas.
El debate sobre la reforma del mercado eléctrico, que España dirigirá durante la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el segundo semestre, está en marcha. La Comisión Europea ha hecho recientemente su propuesta, y aunque es decepcionante e insuficiente para nuestro país, contiene alguno de los elementos reclamados.
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