Pese a que la legislatura agoniza, el Gobierno quiere mantener vivas sus constantes vitales sociales. Seguir impulsando iniciativa para trasladar que el trabajo sigue, que el Consejo de Ministros continúa avalando medidas pensadas para una mayoría social, como dicen en el Ejecutivo. En este propósito se enmarca la aprobación en segunda vuelta el anteproyecto de la ley de familias. Un hito que, sin embargo, trasluce la situación de tensión e incomodidad que se vive en el seno de la coalición. La ministra Ione Belarra había pedido comparecer para desgranar esta ley que se impulsa desde su Ministerio, pero Moncloa ha considerado más conveniente que salieran Nadia Calviño y José Luis Escrivá. Una decisión que ha causado malestar en Podemos.
Ante esta situación, minutos antes de que se produjera en el complejo presidencial la habitual rueda de prensa de después de los Consejo de Ministros, Belarra ha publicado un vídeo en sus redes sociales, explicando la normativa, que ahora pasa al trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. "España tiene una emergencia de conciliación", ha señalado la ministra. Entre las principales novedades que aporta esta ley se encuentra la implantación de una nueva arquitectura con tres permisos, que ponen en el centro los cuidados y el tiempo y que da apoyos a las familias.
Así, se establece un permiso de cuidado de cinco días al año, retribuidos, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar hasta segundo grado como de un conviviente, algo nuevo hasta ahora; un permiso parental de ocho semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla ocho años, y un tercer nuevo permiso "por causa de fuerza mayor", que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta cuatro días al año. Este último será retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes e imprevisibles.
En Podemos consideraban importante que la ministra que ha elevado al Consejo de Ministros esta Ley de familias compareciese ante los medios para explicarla. Por eso desde el Ministerio de Derechos Sociales trasladaron la petición a la Secretaría de Estado de Comunicación. Desde La Moncloa no lo han considerado así. Ya en la víspera del 8-M tampoco compareció la titular de Igualdad, Irene Montero, en otro hecho que llamó la atención, pues salieron tres ministras socialistas que acapararon la agenda feminista del Ejecutivo.
En el complejo presidencial se agarran al argumento que ya han esgrimido en otras ocasiones: es una ley que pasaba por segunda vez por el Consejo de Ministros y que Belarra ya compareció en la primera ocasión. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha apelado también a que en la norma "no hay cambios sustantivos" respecto a la primera versión. Y, sobre todo, ha defendido la presencia de Calviño y Escrivá, y no de Belarra, como asuntos "de relevancia y entidad para que el Gobierno decida que la prioridad es atender las cuestiones socioeconómicas que forman parte de las preocupaciones de los españoles, decisiones tan importantes como la prórroga de la excepción ibérica al gas o la reforma de las pensiones".
Lo cierto es que la Ley de Familias sí presenta alguna variación. Se ha atendido a las recomendaciones del Consejo de Estado y se ha eliminado del texto la prohibición del pin parental. En la versión inicial se apelaba a que en cuanto a los derechos de los menores, se prohíbe que padres o tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como PIN parental en los centros educativos. Pero esta herramienta se ha eliminado para acomodarlo al dictamen del Consejo de Estado. "Nos advirtieron de estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito competencial de las comunidades".
Conforme a los criterios de