Las medias de apoyo a la economía en 2020 y 2021 fueron masivas, expansivas y a discreción en toda la Unión Europea. Era lo correcto y lo necesario, dada la amenaza sin precedentes. Pero la situación ha cambiado, y a pesar de que el Pacto de Estabilidad sigue congelado, de que la filosofía predominante no es la del pasado y de que hay una crisis energética notable y una guerra en Ucrania con consecuencias en todo el continente, las políticas en 2022 y en 2023 no pueden ser las mismas. Ese es el mensaje que defiende desde hace meses la Comisión Europea, que esperan los mercados y que ayer reiteró, una vez más, el Eurogrupo.
La tesis es muy clara y parecen compartirla todos los socios, incluyendo España. Las medidas deben ser cada vez menos excepcionales, cada vez más específicas y lo menos generalizadas posible. Y eso incluye a todas las que se han aprobado para hacer bajar los precios de la energía. La Eurozona va a sufrir una pequeña contracción en los próximos meses, si los análisis son correctos, y si bien hay que estar alerta para reaccionar en casos de emergencia, el gasto debe ser mucho más contenido para que los déficits públicos no se disparen y la política fiscal y la monetaria no remen en direcciones opuestas.
"En este contexto, una combinación coherente de políticas sigue siendo crucial para respaldar el crecimiento, reducir las presiones inflacionarias y abordar los riesgos de fragmentación. La orientación fiscal de la zona del euro será neutral en términos generales en 2023. Pero esto depende en gran medida de si los Estados miembros revierten las medidas relacionadas con la energía según lo previsto. Si las medidas existentes se prolongan o se promulgan otras nuevas, los déficits podrían aumentar notablemente más de lo previsto. Y esto iría en contra de los esfuerzos del BCE para frenar la inflación", ha avisado el comisario Paolo Gentiloni, responsable de Asuntos Económicos, al concluir en Bruselas la reunión de los ministros de Finanzas.
El Eurogrupo analizó en detalle la situación este lunes. En su comunicado se reitera el mensaje aprobado hace unos meses de que los Estados miembros con elevados niveles de deuda deben aplicar en todo caso una política fiscal prudente, "en particular limitando el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional". Si bien hay mucho más margen y flexibilidad que en crisis previas, e incluso se está pensando reformar las reglas fiscales para hacer trajes mucho más a medida para cada economía, la presión va a ser creciente en 2023, pues a finales de ese curso se recuperarán los corsés. Ahora mismo hay 10 países que tienen déficits por encima del 3%, pero para 2023 se espera que sean al menos 12.
La vicepresidenta española, Nadia Calviño, se ha pronunciado en esta misma línea este lunes en la capital comunitaria, como ya adelantó a mediados de noviembre. La titular de Economía ha indicado que, como se pide, las acciones del Ejecutivo tendrán un alcance general mucho menor y más concentrado. "¿Significa eso que las ayudas en 2023 van a estar más focalizadas que ahora mismo? Evidentemente. En una primera fase adoptamos, como todos los países, medidas de choque, de amplio espectro que tienen un impacto generalizado. Y poco a poco vamos tratando de enfocarlas en aquellos sectores más afectados, en aquellos colectivos más vulnerables o también las clases medias", ha asegurado.
Una de las ideas en la mesa y que más se repite estos días en los intercambios es la de por ejemplo explorar "un modelo de precios de la energía de dos niveles que esté bien calibrado y otros esquemas que logren objetivos similares, teniendo en cuenta las características nacionales". Esto es, un mecanismo mediante el que empresas y hogares reciban un paquete básico de servicios de energía a un precio subsidiado, mientras que se aplicaría a precios de mercado todo el consumo de energía que exceda este paquete básico.
Calviño no ha querido especificar qué pasará con cada una de ellas, y en especial con los 20 céntimos de ayuda a la gasolina, que expiran a finales de este mes y cuya posible prolongación está generando mucha atención. La vicepresidenta ha añadido que no se ha tomado ninguna decisión definitiva y que esperarán al análisis del impacto presupuestario para decidir.La única que seguro que se mantendrá sin cambios en 2023 es el transporte público gratuito, "una medida estrella" en sus palabras y que "no sólo beneficia al conjunto de la población y muy especialmente a las clases medias trabajadoras, autónomos o estudiantes, sino que además supone un uso muy eficiente de los recursos públicos y contribuye a contener la inflación", ha asegurado.
Según ha explicado la ministra, la contención de la inflación, la eficiencia energética y la reducción del consumo de energía seguirán siendo los pilares de la política económica española en año que viene, una línea que está "demostrando ser la adecuada y necesaria" porque "ha evitado los escenarios más negativos", en sus palabras.
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